Comunicado del Consejo Universitario

El Consejo Universitario manifiesta su profunda preocupación por la situación del país desde las movilizaciones del 29 de julio de 2024, cuando ejerciendo el derecho constitucional a la protesta pacífica amplios sectores de la sociedad expresaron su voluntad soberana de defender los resultados de la elección del día 28, en circunstancias en que el Consejo Nacional Electoral procedió a la proclamación de un ganador incumpliendo disposiciones legales imprescindibles. Esta irregularidad desembocó en el acto de juramentación llevado a cabo ayer 10 enero de 2025, con grave menoscabo de la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad electoral del país.

La víspera, el 9 de enero, después de la protesta popular de ese día en la cual participó, elementos de un cuerpo de seguridad del Estado detuvieron al bachiller Manuel Muñoz, estudiante de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, siendo infructuosas hasta el momento las diligencias practicadas para dar con su paradero y constatar su estado. 

Es difícil no concluir que este hecho forma parte de la campaña de intimidación por medio de aprehensiones  selectivas ilegales que los órganos policiales han emprendido con renovada intensidad en los días próximos pasados contra ciudadanos defensores de derechos humanos o que protestan pacíficamente por unos  resultados electorales confiables, testimonio de lo cual son igualmente las detenciones del excandidato  presidencial Enrique Márquez y de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. 

Es preciso recordar que hace un mes fue apresado y se encuentra desde entonces privado de libertad el profesor Jesús Armas, adscrito a la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos; y que lleva once meses en prisión la abogada Rocío San Miguel, profesora de la Especialización de Derechos Humanos del Centro de Estudios de Posgrado de la mencionada facultad, ambos académicos asociados al activismo pro derechos humanos en el país. En confinamiento domiciliario forzoso está desde hace una semana el profesor Juan Barreto (Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación) por la amenazadora presencia de funcionarios policiales en torno a su vivienda.

Por otra parte, permanecen aún recluidos en la penitenciaría de Tocorón los bachilleres ucevistas Anthony Granadillo y Armando Solís, estudiantes de las escuelas de Arquitectura (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) e Historia (Facultad de Humanidades y Educación), respectivamente. Estos jóvenes fueron detenidos en los días inmediatamente siguientes a la elección del 28 de julio de 2024 y hasta hoy han sido inútiles las gestiones de las autoridades universitarias para su liberación.

Para todos ellos exigimos inmediata libertad conforme a las garantías constitucionales y legales vigentes, así como para los demás venezolanos que tras su detención arbitraria hayan sido objeto de procesos judiciales viciados.   

La paz es una sentida aspiración de la sociedad venezolana, solo posible mediante la reconstrucción de la convivencia respetuosa y el diálogo entre todos los compatriotas. La Universidad Central de Venezuela, fiel a su historia de compromiso con la nación, exige la transparencia y cumplimiento debido de los procesos, consagrados en las normativas legales correspondientes y declara su disposición a contribuir eficazmente en la búsqueda de salidas que fortalezcan el espíritu democrático de la nación. 

Ciudad Universitaria de Caracas, a los 11 días del mes de enero de 2025.