Comunicado del Consejo de Facultad en sesión ordinaria del día 30 de enero de 2024

El Consejo de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Central de Venezuela, en su sesión ordinaria del día 30 de enero de 2024, acordó realizar el siguiente comunicado:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en sus artículos 102 al 104, establece que “la educación es un derecho humano y un deber social fundamental”, por lo cual “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Por lo tanto, la “educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica” y el “Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada”, “en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión”.

De igual forma, en los artículos 91 y 92, la CRBV fija que “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, para lo cual el “Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año”. Adicionalmente, dispone que “los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía”.

Sin embargo, la situación que vive el personal docente, administrativo y obrero de la universidad dista mucho de lo previsto en la CRBV. El salario de los trabajadores y trabajadoras, ya insuficiente hace casi dos años, ha sido congelado, mientras que se ha ido implementando una política de bonificación salarial, que afecta directamente los beneficios que se calculan con base en el salario, entre otros: bonos vacacionales, bonos de fin de año (aguinaldos), prestaciones sociales, aportes a los institutos de previsión y otros beneficios laborales y sociales, afectando tanto a los trabajadores universitarios como a su entorno familiar.

A esto hay que agregar que el salario más los bonos, llamado engañosamente “ingreso mínimo integral”, cubre escasamente el 20% del valor de la canasta básica. En el caso de los trabajadores jubilados, también afectados por esta situación, hay un retraso mayor a 10 años en el pago de las prestaciones sociales de algunos sectores.

La situación descrita convierte a la Universidad Central de Venezuela, así como a las otras universidades públicas, en una institución poco atractiva en el aspecto laboral. El ingreso mensual es insuficiente, lo que dificulta el correcto desenvolvimiento de las actividades en función de las responsabilidades y deberes adquiridos, llegando a afectar, desde su seguridad alimentaria, pasando por la atención de su salud, hasta el traslado al puesto de trabajo.

Se ha hecho común que los trabajadores y trabajadoras tengan que recurrir a trabajos alternativos o adicionales, que en muchos casos no ofrecen garantías en la dirección de financiar el déficit salarial, acompañado del efecto negativo que tiene en su propia estabilidad emocional, desgaste físico y afectación en el rendimiento laboral en la UCV. De igual manera, la capacidad para formar generaciones de relevo ha ido disminuyendo, creando una merma notoria de personal académico capacitado, situación similar en el personal que realiza labores administrativas y de apoyo a las actividades de la institución.

Esto hace que el modelo de calidad en formación académica, investigación, extensión y gestión no sea sostenible en el corto y mediano plazo, con efectos negativos en el desarrollo e independencia intelectual y tecnológica que el país necesita.

Es por esto que rechazamos la bonificación salarial impuesta por el gobierno nacional, la cual está afectando el derecho a un salario justo de quienes trabajan en las universidades y en el sector público. De manera categórica exigimos que el gobierno nacional se avoque a resolver el problema salarial, con la participación de los representantes de los distintos gremios. Que se diseñen políticas que permitan el rescate del salario justo de los trabajadores universitarios, y en general, para todas y todos los trabajadores del país.

Un salario que permita vivir con dignidad es un derecho contemplado en la CRBV y el Estado Venezolano tiene la responsabilidad de cumplir con ello.

Dr. Ernesto Fuenmayor Di Prisco

Decano.